Se acabó el trato especial que los inmigrantes cubanos recibían en EEUU

Editorial Miami Herald

En un duro golpe judicial a los esfuerzos de deportación masiva del gobierno de Trump, un juez federal bloqueó la semana pasada un plan para despojar de protecciones a más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, muchos de los cuales ahora viven en el sur de Florida bajo lo que se conoce como el programa CHNV.

La orden judicial llegó justo a tiempo para detener, al menos por ahora, lo que habría sido el cambio más drástico en la política migratoria estadounidense hacia los cubanos desde los primeros años de Castro. Junto con el fin de la política de “pies secos, pies mojados” en 2017, es el último clavo en el ataúd de una vieja suposición: que los cubanos que llegan a suelo estadounidense reciben un trato diferente.

Esa era ha terminado.

Durante décadas, los cubanos que huían del régimen de Fidel Castro encontraron refugio en Miami con relativamente pocos obstáculos migratorios. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 les otorgó una vía rápida y única para obtener la residencia legal, un privilegio del que ningún otro grupo migrante disfrutaba. De no haber intervenido el juez federal, aproximadamente 110,000 cubanos habrían perdido su estatus migratorio de la noche a la mañana, convirtiéndolos en inmigrantes indocumentados con derecho a deportación.

Independientemente de lo que suceda después, este momento marca un nuevo rumbo para el sur de la Florida, donde generaciones de familias cubanas —muchas de ellas fieles votantes de Trump— han encontrado un segundo hogar. Ahora, los recién llegados se enfrentan a la detención, la expulsión o la incertidumbre de vivir en un limbo migratorio.

Ésta es la nueva realidad de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos.

Cuando la administración Trump decidió poner fin al programa CHNV —una vía legal creada por la administración Biden que permitió a 532,000 migrantes de cuatro países ingresar a Estados Unidos con permisos de trabajo y dos años de protección contra la deportación—, cundió rápidamente el pánico silencioso. De repente, miles de personas se encontraban indocumentadas.

Afortunadamente, una jueza federal de Massachusetts dictaminó el lunes 14 de abril que el gobierno no puede despojar a estos migrantes de sus protecciones legales sin revisar sus casos individuales. Su fallo suspendió las órdenes de deportación que debían entrar en vigor el jueves 24 de abril y suspendió los avisos de “autodeportación”. Es probable que la administración Trump apele.

La rápida decisión de permitir estas deportaciones encontró poca resistencia por parte de la delegación del Congreso de Miami-Dade, lo que enfureció al ejecutivo de salud de Miami, Mike Fernández.

En una hiriente carta abierta dirigida a ellos, el acaudalado donante político escribió: “Su silencio no es neutral ni muestra ignorancia; es complicidad y cobardía”. Sin duda, habla en nombre de quienes, en las comunidades inmigrantes del sur de Florida, ahora observan con alarma cómo las mismas protecciones que una vez ayudaron a sus familias a construir sus vidas están siendo despojadas de una nueva generación.

Al mismo tiempo, la administración Trump planea apretarle las tuercas económicas a Cuba: cortar las remesas, suspender los vuelos y cerrar los servicios de compra de alimentos en línea que se habían convertido en un recurso vital para las familias de la isla. ¿El objetivo? Derrumbar el régimen. El representante republicano Carlos Giménez instó al Departamento del Tesoro a “cortarle el oxígeno” al gobierno cubano. Pero estas medidas bien podrían agravar una crisis humanitaria. Y la historia nos dice lo que suele suceder después.

La política entre Estados Unidos y Cuba ha seguido un ritmo predecible: presionar, observar el deterioro de la situación en La Habana y prepararse para la próxima oleada de cubanos que se dirigen a Florida. Esta vez, sin embargo, las puertas estarán cerradas.

Para los cubanos y otros, el programa CHNV se concibió para brindar una alternativa legal a quienes intentaban cruzar la frontera ilegalmente. Los solicitantes reservaban en línea, conseguían un patrocinador y pasaban verificaciones de antecedentes. Para los cubanos, ofrecía una vía indirecta a la Ley de Ajuste Cubano. Pero cuando Trump regresó a la presidencia, su administración canceló el programa para todos los que lo recibieron durante la administración Biden. ¡Qué cruel!

Para marzo, el Departamento de Seguridad Nacional dio a los participantes de CHNV 30 días para irse o ser arrestados. La implicación subyacente: incluso si cumplían las reglas, ya no estaban protegidos ni se consideraba que se encontraban legalmente en el país.

El fallo federal favorable les ha dado tiempo a los migrantes de CHNV. Pero el mensaje general es claro: por primera vez en más de 60 años, los cubanos reciben el mismo trato que cualquier otro grupo inmigrante. Su controvertido estatus especial, nacido de la culpa estadounidense por el ascenso de Castro y el fiasco de Bahía de Cochinos, está llegando a su fin.

Pero si Washington quiere apretarle las tuercas al régimen, debe encontrar una manera de hacerlo sin abandonar a quienes intentan huir.